Fuerza Popular: Partido acusado de crimen organizado y atentado contra la democracia

La historia reciente del Perú no se puede contar sin mencionar a Fuerza Popular. Lo que fue una poderosa maquinaria electoral liderada por Keiko Fujimori, hoy enfrenta el mayor cuestionamiento de su existencia: su posible disolución por actuar como una organización criminal y antidemocrática. La evidencia está documentada en el extenso Informe N.º 53-2025, presentado por el fiscal José Domingo Pérez, quien fue suspendido de la Fiscalía inmediatamente después de sustentar dicho documento. El hecho ha levantado sospechas de interferencia política en el sistema de justicia.

Una organización delictiva bajo el disfraz de partido político

El informe de Pérez no es una acusación superficial. Es un documento técnico-jurídico de más de mil páginas que sostiene, con pruebas concretas, que Fuerza Popular no es un partido como cualquier otro, sino el centro de operaciones de una estructura criminal destinada a capturar el poder político por medios ilícitos.

Delitos atribuidos a Keiko Fujimori y su entorno:

1. Crimen organizado:
   Keiko Fujimori lideró una organización dentro de su partido con roles jerárquicos claros, dedicada a lavar dinero, manipular la justicia y alterar procesos democráticos.
2. Lavado de activos:
   Se recibieron millones de dólares de Odebrecht y otras empresas a través de métodos ilegales, como el uso de «pitufeo» —múltiples donaciones pequeñas simuladas con falsos aportantes.
3. Falsedad genérica e ideológica:
   Fuerza Popular presentó documentos fraguados ante la ONPE y ocultó el verdadero origen de sus recursos económicos.
4. Obstrucción a la justicia:
   Testigos presionados, declaraciones manipuladas, e incluso el intento de cooptar instituciones como el Ministerio Público.

Un partido que operó en contra del sistema democrático

Lo que convierte este caso en un atentado al sistema republicano no es solo la recepción de dinero ilícito, sino la manera en que Fuerza Popular habría convertido su estructura en una maquinaria para quebrar la democracia desde adentro:

• Financiamiento opaco y no fiscalizable

• Control vertical para encubrir delitos

• Obstrucción sistemática a la justicia

• Captura de organismos clave del Estado

Estos elementos permiten al fiscal Pérez sostener que Fuerza Popular debería ser declarado ilegal por actuar contra el orden democrático, una medida excepcional prevista en la Ley de Partidos Políticos del Perú (Ley N.º 28094).

La suspensión del fiscal y la sospecha de interferencia

El mismo día en que presentó su informe, José Domingo Pérez fue suspendido preventivamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Según fuentes judiciales, la medida se basa en supuestas irregularidades administrativas, pero el contexto político no puede ser ignorado: la suspensión ocurrió tras pedir la ilegalización de Fuerza Popular.

Además, hay una investigación en curso sobre posibles presiones ejercidas por Keiko Fujimori a fiscales superiores para forzar decisiones favorables a su causa, lo cual refuerza la tesis del informe: Fuerza Popular no solo ha cometido delitos, sino que también ha tratado de destruir los mecanismos que debían investigarlos.

Testimonios y pruebas: una evidencia sólida

• Jorge Barata (Odebrecht): Confirmó que entregaron un millón de dólares a Keiko Fujimori para su campaña de 2011, canalizados a través de falsos donantes.

• Falsos aportantes: Cientos de personas negaron haber donado al partido, pese a figurar en los registros oficiales de la ONPE.

• Audios y chats internos: Revelan estrategias deliberadas para ocultar pruebas y silenciar testigos.

¿Qué significa declarar ilegal a Fuerza Popular?

Según el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos, un partido puede ser cancelado del registro si atenta contra el sistema democrático o la Constitución. La solicitud presentada por Pérez antes de su suspensión plantea que Fuerza Popular debe ser cancelado por:

• Actuar como fachada de una organización criminal.

• Deslegitimar instituciones del Estado.

• Subvertir la voluntad popular a través del fraude económico y político.

Una prueba de fuego para el Perú

La democracia peruana enfrenta una de sus encrucijadas más serias. El informe de José Domingo Pérez no solo documenta crímenes; denuncia una cultura de impunidad enquistada en el sistema político. Si Fuerza Popular no es declarado ilegal pese a la contundencia de las pruebas, el mensaje será claro: en el Perú, el crimen sí paga si se disfraza de política.

Por el contrario, si el Estado reacciona con firmeza, se marcará un precedente que podría redefinir el futuro político del país. En este momento, más que nunca, está en juego la credibilidad del sistema judicial y el compromiso del país con el ideal republicano.

INFORME COMPLETO