Dina Boluarte gana más de 31 sueldos mínimos: Un incremento salarial en medio de la controversia y la opacidad
En un contexto de profunda impopularidad y serios cuestionamientos fiscales, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha aprobado un incremento salarial que eleva su remuneración mensual de S/ 16.000 a S/ 35.568. Este aumento, que representa un 122% y equivale a más de 31 sueldos mínimos vitales (considerando la Remuneración Mínima Vital de S/ 1.130 vigente desde enero de 2025), ha desatado una ola de críticas y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la administración pública.
El anuncio de esta medida, que rompe con casi dos décadas de estabilidad en el sueldo presidencial, fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, el pasado miércoles 2 de julio. Sin embargo, la forma en que se gestó y se intentó mantener en reserva ha generado una fuerte controversia.
Opacidad y desautorización de la ANTAIP
La polémica se intensificó cuando, a mediados de mayo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declararon como «confidencial» el expediente del incremento salarial, invocando un artículo de la Ley de Transparencia que permite la reserva de documentos con «consejos, recomendaciones u opiniones» durante procesos deliberativos. Argumentaron que la información no podía ser difundida porque el aumento aún no era materia de agenda del Consejo de Ministros.
No obstante, esta interpretación fue categóricamente refutada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP). En una opinión consultiva, la ANTAIP concluyó que la decisión de clasificar la información como confidencial carece de sustento legal. «La información referida a las remuneraciones de los funcionarios públicos, la escala remunerativa de ellos o el incremento de estos es de naturaleza pública», precisó la entidad en su opinión N° 024-2025-JUS/DGTAIPD. La ANTAIP enfatizó que en un «Estado democrático», el acceso a estos documentos es «no solo un mandato legal, sino una condición necesaria para el buen gobierno y la lucha contra la corrupción».
Cuestionamientos de expertos y políticos
El incremento salarial se produce mientras la presidenta Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales y denuncias constitucionales, incluyendo el Caso Rolexgate, encubrimiento personal en el Caso Cofre, abandono del cargo por cirugías estéticas y colusión agravada en el Caso Qali Warma. A esto se suma un histórico nivel de desaprobación popular, con encuestas que la sitúan con apenas un 3% de aprobación a nivel nacional.
Expertos en economía han cuestionado la forma y el momento de la decisión. Alfredo Thorne, exministro de Economía, señaló que, más allá de la justificación del monto, el proceso debió seguir un procedimiento responsable, incluyendo un estudio que defina el sueldo presidencial y evalúe el impacto fiscal. Thorne advirtió que la Presidencia de la República podría no tener los recursos para financiar este aumento, lo que obligaría a recortes o a una ampliación presupuestal. «Lo lógico hubiese sido conformar una comisión que evalúe los sueldos de la presidenta y demás funcionarios públicos, y que el resultado de ese análisis se incorpore en el proyecto de presupuesto general del año siguiente», sostuvo, sugiriendo que la nueva escala salarial debió entrar en vigencia a partir del 2026.
Por su parte, Luis Miguel Castilla, también exministro de Economía, expresó su incredulidad de que la decisión haya nacido del MEF, sugiriendo que fue una determinación de la propia presidenta o del primer ministro. La asociación civil Transparencia calificó el incremento como un «acto de frivolidad» y una «profunda desconexión con la ciudadanía».
Desde el Congreso, las críticas no se hicieron esperar. El congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) envió un oficio solicitando información detallada sobre los fundamentos del aumento, calificándolo de «afrenta directa a la situación de pobreza, desempleo e informalidad que viven millones de peruanos». Alejandro Muñante (Renovación Popular) lo consideró un «acto de absoluta indolencia» en un país con inseguridad ciudadana y alimentaria. Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) lo tildó de «descaro» y exigió su inmediata reversión.
El respaldo de APP y los antecedentes históricos
A pesar de la avalancha de críticas, Alianza para el Progreso (APP), a través de su secretario general Luis Valdez, ha respaldado el aumento. Valdez argumentó que, si bien el contexto es complejo, no se puede simplificar el debate solo por el rechazo popular hacia la presidenta. Consideró que el monto es razonable en función de la responsabilidad del cargo, sin importar quién lo ejerza, y que un presidente debe tener una remuneración que le permita trabajar con responsabilidad y a tiempo completo. No obstante, destacó la importancia de la transparencia en estas decisiones.
Históricamente, los sueldos presidenciales en Perú han tenido variaciones. En 2006, el entonces presidente Alan García redujo su remuneración de S/ 42.000 a S/ 16.000, un gesto que incluyó recortes en los sueldos de ministros y congresistas. Posteriormente, en 2014, el gobierno de Ollanta Humala elevó el sueldo de los ministros a S/ 30.000, pero el sueldo presidencial se mantuvo sin cambios. La decisión del gobierno de Boluarte rompe con esta continuidad de casi dos décadas, marcando un precedente en la remuneración del más alto cargo del país.
Este incremento salarial, en un momento de crisis económica y política, y con un proceso envuelto en la opacidad, promete seguir generando debate y escrutinio público sobre la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
